Ópticas Constructivas
Dr. Rogelio Díaz Ortiz
En los últimos días se ha puesto en la mesa del análisis y discusión la “regulación”, propuesta por el gobierno, sobre el contenido de la información publicada en los medios de comunicación.
La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se erigen las sociedades democráticas modernas. Entendida como el derecho individual y colectivo de articular ideas, opiniones e información sin temor a represalias o censura gubernamental, su concepción no ha sido un fenómeno fortuito, sino el resultado de un prolongado proceso histórico marcado por la lucha contra el absolutismo, dogmatismo y control del pensamiento.
El germen de la libertad de expresión encuentra sus raíces teóricas en la Grecia clásica, donde nociones como la isegoría (el derecho igualitario a hablar en la asamblea) y la parresía (la libertad de hablar con franqueza) sentaron las bases de la participación ciudadana.
Sin embargo, su consolidación como un derecho humano positivizado ocurrió durante la Ilustración europea en los siglos XVII y XVIII.
El salto normativo definitivo se dio con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) durante la Revolución Francesa y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (1791).
Más tarde, en el siglo XX, tras las devastadoras guerras mundiales, la humanidad consagró este derecho a nivel internacional en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), estableciendo que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Constituye un requisito indispensable para el libre desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico y la autonomía del ser humano.
Funciona como un mecanismo de control hacia el poder público, permitiendo la rendición de cuentas, la fiscalización gubernamental y el debate plural de las ideas que nutren la toma de decisiones colectivas.
Los alcances de este derecho abarcan no solo la facultad de hablar o escribir, sino también el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por cualquier medio (prensa escrita, medios audiovisuales, plataformas digitales y redes sociales).
Su alcance encuentra límites razonables y legítimos cuando colisiona con otros derechos fundamentales, como la honra, la intimidad personal, la protección de la infancia y la seguridad nacional.
La censura es la antítesis directa de la libertad de expresión. Consiste en la supresión, prohibición o alteración deliberada de información, opiniones o contenidos por parte de una autoridad pública o un actor con poder fáctico.
Las consecuencias de la censura son devastadoras en múltiples niveles: sin una prensa e individuos libres para denunciar, las arbitrariedades del poder quedan impunes, dejando desprotegidas a las poblaciones vulnerables y erosionando la democracia, paraliza la innovación cultural, social y científica.
Ante los eventuales excesos o errores en los que se puede incurrir en el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, el marco jurídico internacional y las legislaciones nacionales han desarrollado mecanismos de protección como el derecho de réplica (también conocido como derecho de respuesta o rectificación).
Este, faculta a cualquier persona que haya sido afectada por informaciones inexactas, falsas o agraviantes difundidas por un medio de comunicación, a exigir que se publique o difunda su versión aclaratoria de manera gratuita, en el mismo medio y con espacio o relevancia similar.
Es crucial entender que el derecho de réplica no es una forma de censura, sino un mecanismo de ponderación que busca un equilibrio entre dos bienes valiosos: La protección del honor y la reputación de las personas, así como el derecho del público a estar verdaderamente informado, enriqueciendo la verdad objetiva sin silenciar al medio periodístico de manera previa.
La libertad de expresión no es un privilegio concedido por los gobiernos, sino un derecho inherente al ser humano que debe ser defendido continuamente. En última instancia, mantener vivas las voces diversas y el contraste de ideas es la única garantía para el desarrollo integral de la sociedad y la pervivencia de la libertad.
