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. “La justicia no puede convertirse en un instrumento electoral rumbo a 2027”: Leonel Godoy Rangel. Morelia, Mich. En un contexto donde las investigaciones penales y la disputa política parecen avanzar de manera paralela, el diputado federal y exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, advirtió que la responsabilidad penal no puede extenderse a familiares ni utilizarse como argumento para afectar derechos político-electorales, al referirse al caso de Roldán Álvarez Ayala.
Durante una entrevista concedida a este medio, Godoy sostuvo que el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, debe esclarecerse con absoluta seriedad, pero sin convertir la procuración de justicia en un mecanismo de desgaste político rumbo al proceso electoral de 2027.
De acuerdo con la información oficial dada a conocer por las autoridades federales y estatales hasta el 4 de agosto de 2026:
31 personas han sido detenidas y vinculadas con la planeación, ejecución, logística, encubrimiento o apoyo al asesinato de Carlos Manzo. Entre ellas se encuentra Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R-1”, señalado como presunto autor intelectual.
Entre ellas el funcionario del Ayuntamiento de Uruapan detenido por su presunta participación en el caso; Samuel “N”, quien se desempeñó como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan durante la administración de Carlos Manzo.
Las autoridades lo señalan de presuntamente proporcionar información sobre las actividades y movimientos del alcalde a la estructura criminal investigada.
Custiono el poco entusiasmo de la viuda en cuestión por pedir la captura de José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado del Ejército Mexicano, quien también fue exsecretario de Seguridad Pública Municipal de Uruapan, con el mismo ímpetu con el que hace señalamientos sobre algunos adversarios politicos mientras a otros los olvida.
El legislador afirmó que, si las autoridades consideran necesario llamar a declarar a Roldán Álvarez por la investigación, éste debe colaborar plenamente para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, subrayó que hasta el momento no existe ningún elemento jurídico que permita responsabilizar a una persona por los presuntos delitos cometidos por un familiar.
Como ejemplo, recordó el caso de Xóchitl Gálvez, cuya hermana enfrenta un proceso penal por secuestro, situación que —dijo— nunca significó atribuir responsabilidad jurídica a la entonces aspirante presidencial. En ese sentido, señaló que el principio de responsabilidad penal personal debe prevalecer por encima de cualquier interés político.
Godoy también recordó que la expulsión de Roldán Álvarez de Morena deriva de un procedimiento interno iniciado años atrás y no como consecuencia del asesinato de Carlos Manzo, por lo que consideró que la resolución puede ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Cuestionamientos sobre la investigación
Durante la conversación, el diputado expresó que existen aspectos de la investigación que continúan generando interrogantes. Mencionó, entre otros temas, la negativa de la viuda de Carlos Manzo para solicitar la aprehensión del entonces jefe de escoltas, quien, de acuerdo con la versión pública presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habría abatido al presunto agresor del alcalde en el lugar de los hechos una vez ya sometido.
Asimismo, señaló que aún permanece pendiente la entrega de equipos telefónicos que podrían aportar información relevante para la investigación y consideró que la narrativa pública no debe centrarse únicamente en algunos personajes mientras otros posibles elementos permanecen fuera del debate.
La ruta política hacia 2027
Sobre la reunión del pasado fin de semana entre la dirigencia nacional de Morena, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el senador con licencia Raúl Morón Orozco y otros liderazgos del partido, Godoy rechazó que el encuentro haya sido convocado por el mandatario estatal.
Precisó que, a su juicio, el gobernador pudo haber sugerido la reunión, pero sostuvo que la convocatoria correspondió a Citlalli Hernández y a la dirigencia nacional de Morena, con el propósito de comenzar a delinear la estrategia de unidad rumbo al proceso electoral de 2027.
Al ser cuestionado sobre si dicha reunión representaba una reconciliación entre los distintos grupos internos del partido y si finalmente se había “fumado la pipa de la paz”, respondió que el piso parejo debe ser una realidad para todos los aspirantes, tal como —afirmó— fue la instrucción emitida por la dirigencia nacional.
Una fotografía sin interpretaciones, pero con un mensaje de unidad pendiente
Antes de concluir la entrevista, se le mostró al diputado una fotografía en la que aparecen desayunando el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Ernesto Núñez y el fiscal con licencia Carlos Torres Piña.
Godoy respondió que no había visto previamente esa imagen y aseguró que no le generaba una lectura política en particular. Sin embargo, aprovechó para expresar cuál considera que debe ser la señal más importante de cara al proceso interno de Morena rumbo a 2027.
El legislador señaló que, si el llamado de la dirigencia nacional es garantizar un piso parejo y privilegiar la unidad, le gustaría ver al gobernador compartiendo espacios públicos y fotografías con los ocho perfiles que aspiran a participar en la encuesta para la Coordinación Estatal de Morena, como una muestra de imparcialidad, respeto e inclusión hacia toda la militancia.
“Si la instrucción nacional es que haya piso parejo, esa debe reflejarse también en los hechos y en los mensajes que se envían a la militancia”, expresó.
Godoy insistió en que la ruta hacia 2027 debe construirse privilegiando el diálogo entre todos los actores políticos del movimiento y evitando interpretaciones que puedan generar percepciones de favoritismo.
Finalmente, reiteró que las investigaciones relacionadas con el caso Carlos Manzo deben desarrollarse con estricto apego a derecho y sin contaminarse con intereses electorales, pues —subrayó— la justicia no puede convertirse en un instrumento de competencia política, sino en un mecanismo para conocer la verdad y garantizar la legalidad.
