Horacio Erik Avilés Martínez*
El enfrentamiento entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal cerró mayo sin visos claros de solución, configurando un panorama que amenaza con la michoacanización de la educación nacional si no se resuelve la problemática estructural que subyace al conflicto. Esta confrontación, lejos de ser un episodio aislado, representa la culminación de décadas de tensiones no resueltas entre el magisterio organizado y las autoridades educativas federales.
Desde su fundación en 1979, la CNTE se ha manifestado como una organización disidente al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, estableciendo en su Proyecto Político Sindical objetivos que trascienden lo meramente laboral: democratizar el sindicato oficial, mejorar las condiciones laborales docentes e incidir en la vida política nacional para revertir el modelo socioeconómico imperante. Esta visión transformadora ha convertido a la Coordinadora en un actor político de primer orden, capaz de paralizar sistemas educativos estatales completos cuando considera que sus demandas fundamentales no son atendidas.
Durante más de tres décadas, estados como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México han sido escenario de protestas magisteriales de intensidad variable, buscando siempre una doble negociación que permita a sus agremiados alcanzar beneficios adicionales a los obtenidos por el sindicato oficial. Esta estrategia dual ha demostrado su efectividad histórica, pero también ha generado un patrón de confrontación cíclica que se repite cada vez que las condiciones políticas y económicas nacionales se modifican sustancialmente.
Las causas estructurales de este movimiento están íntimamente relacionadas con el manejo corporativista del SNTE, su falta de apertura a procesos electivos democráticos y la paulatina precarización que ha sufrido el magisterio nacional en las últimas décadas. El deterioro salarial, la pérdida de prestaciones, la imposición de reformas educativas sin consulta real al magisterio y la modificación unilateral de los sistemas de jubilación han creado un caldo de cultivo propicio para el surgimiento y fortalecimiento de movimientos disidentes como la CNTE.
El actual movimiento de protesta surge como respuesta directa a la intentona gubernamental de modificar la Ley del ISSSTE, que habría alargado la edad mínima para la jubilación magisterial. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó retirar la iniciativa tras la indignación generada, esta acción tocó viejas heridas que han llevado a la Coordinadora a exigir la abrogación total de la Ley del ISSSTE vigente desde 2007, demandando el retorno a un régimen de jubilaciones y pensiones solidario que existía anteriormente.
El Pliego Petitorio 2025 de la CNTE incluye demandas de gran calado que van más allá de la coyuntura inmediata. Entre las más significativas se encuentra la exigencia de un incremento salarial del cien por ciento, la abrogación de la Ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de las y los Maestros, el retorno al esquema de jubilaciones anterior a la reforma de 2007 y la democratización real de los procesos de promoción docente. Estas demandas reflejan no solo preocupaciones económicas inmediatas, sino una visión integral de reforma del sistema educativo nacional que incluye aspectos laborales, pedagógicos y de gobernanza sindical.
En respuesta, la autoridad no ha dado mayor muestra de voluntad de avanzar al respecto, ni tampoco de transparentar la situación. El reporte de la semana pasada respecto a las escuelas cerradas fue insuficiente, incompleto y negacionista. Esta semana cierra con el Comunicado No. 20 emitido por la Secretaría de Educación Pública emitido ayer, el cual constituye un ejercicio de comunicación política que merece análisis detallado por sus objetivos explícitos y subyacentes. En su superficie, el documento busca legitimar la posición gubernamental ante la opinión pública, demostrar buena fe mediante la presentación de cinco propuestas específicas y justificar las limitaciones presupuestales como marco inevitable de las negociaciones. Sin embargo, una lectura más profunda revela objetivos menos evidentes, pero igualmente importantes: deslegitimar las acciones de protesta presentándolas como dañinas para la ciudadanía, generar presión social sobre los maestros enfatizando el impacto en el cierre del ciclo escolar, construir un discurso maniqueo de responsabilidad gubernamental versus irresponsabilidad sindical, y preparar el terreno político para medidas más firmes si no hay respuesta favorable de la dirigencia magisterial.
El análisis discursivo del comunicado revela múltiples falacias lógicas que debilitan sustancialmente su argumentación. La más evidente es la falacia de falsa dicotomía, que presenta únicamente dos opciones viables: el diálogo constructivo versus la afectación ciudadana, omitiendo deliberadamente que los conflictos laborales pueden tener causas estructurales legítimas que requieren soluciones complejas y multidimensionales que van más allá de las mesas de negociación tradicionales.
Igualmente problemática resulta la constante apelación al bien común y al interés de las familias para deslegitimar demandas laborales específicas, configurando una clásica falacia ad populum. Esta estrategia argumentativa resulta especialmente débil cuando se considera que no existe correlación directa entre los orígenes históricos de las protestas magisteriales y las necesidades inmediatas de las mayorías ciudadanas, además de que evita abordar las responsabilidades gubernamentales en la generación y perpetuación del conflicto.
El comunicado también incurre en una generalización apresurada al asumir que todos los bloqueos y manifestaciones son injustificados, sin analizar las causas estructurales del conflicto ni las condiciones laborales y sociales que han llevado a más de un millón doscientos mil trabajadores de la educación a esta situación límite. Esta simplificación excesiva impide comprender la complejidad real del fenómeno y, por tanto, diseñar soluciones efectivas y duraderas.
Particularmente grave resulta la utilización de la falacia del hombre de paja, que simplifica deliberadamente las demandas magisteriales reduciéndolas a mera irresponsabilidad sindical, evitando abordar la complejidad histórica del conflicto y todas las afectaciones que han recibido los trabajadores educativos durante décadas de políticas inconsistentes y reformas impuestas unilateralmente. Esta estrategia discursiva impide el reconocimiento de la legitimidad parcial de algunas demandas y, por tanto, la construcción de puentes reales hacia la solución del conflicto.
Finalmente, el comunicado recurre constantemente a la apelación a la autoridad, utilizando los cargos de los funcionarios firmantes como argumento de legitimidad, mientras omite evaluar cuidadosamente la solidez real de las propuestas presentadas y su viabilidad tanto política como presupuestal a mediano y largo plazo.
Las movilizaciones de la CNTE han generado afectaciones sistémicas que trascienden ampliamente el ámbito educativo, impactando múltiples dimensiones de la vida social y económica nacional. Según reconocimiento oficial de la SEP en conferencia presidencial matutina, las afectaciones educativas directas incluyen la paralización de más de doce mil cuatrocientos planteles en Oaxaca, tres mil trescientas escuelas en Chiapas, tres mil quinientas en Guerrero, además de afectaciones menores pero significativas en Baja California Sur, Chihuahua y la Ciudad de México.
Sin embargo, estas cifras oficiales subestiman dramáticamente la realidad nacional, omitiendo al menos mil quinientas escuelas paralizadas en Michoacán, un centenar en Yucatán, y requiriendo revisión sustancial en la Ciudad de México donde la cifra oficial de setenta y nueve escuelas parece inconsistente con la magnitud de las movilizaciones observadas. La cifra gubernamental de un millón doscientos mil estudiantes afectados podría fácilmente duplicarse según estimaciones periodísticas independientes que consideran no solo las escuelas oficialmente cerradas, sino también aquellas que han suspendido actividades por razones indirectas relacionadas con el conflicto.
Una afectación particularmente grave y poco analizada es el efecto multiplicador del caos que generan las declaratorias de paro magisterial. Ante la incapacidad crónica de las autoridades educativas estatales para controlar efectivamente la asistencia docente y mantener la operación regular de los planteles, numerosas comunidades escolares y grupos específicos de maestros aprovechan la coyuntura para suspender clases por la libre, sin participar necesariamente en las movilizaciones oficiales de la CNTE, pero beneficiándose de la impunidad generalizada que genera la ingobernabilidad temporal del sistema educativo.
Las protestas han impactado también gravemente la movilidad urbana y regional, con obstrucciones vehiculares sistemáticas en avenidas principales, casetas de peaje y nodos neurálgicos del transporte. El caso más dramático se observó en Morelia, donde la ciudad colapsó el miércoles 27 durante siete horas, obligando a decenas de miles de ciudadanos a caminar largas distancias para llegar a sus empleos, mientras estudiantes de educación básica, de la mano de sus madres, recorrieron varios kilómetros sobre el periférico y las avenidas principales de la capital esforzándose bajo las inclemencias ambientales para ejercer su derecho constitucional a la educación.
Adicionalmente, las movilizaciones han incluido el cierre sistemático de oficinas de dependencias educativas, la toma prolongada de presidencias municipales en comunidades alejadas, y los constantes intentos de toma de vías férreas en Michoacán, acciones que han requerido la intervención de fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y otros medios de contención. Particularmente preocupante resulta el riesgo latente de boicot a las elecciones federales y locales programadas para el primero de junio, lo cual agregaría una dimensión de crisis democrática al ya complejo panorama de ingobernabilidad educativa.
El impacto económico de la paralización educativa resulta devastador y fácilmente cuantificable cuando se considera que cada día del calendario escolar oficial representa una inversión millonaria en recursos humanos, infraestructura y programas educativos. Con un calendario de ciento noventa días de clases, cada jornada perdida representa más de 150 millones de pesos en recursos públicos completamente desaprovechados, cantidad que debe prorratearse entre el único servicio que reciben los beneficiarios del sistema: las clases regulares. A esta pérdida directa se suman las afectaciones económicas al comercio local, los costos adicionales para particulares que deben reorganizar sus actividades cotidianas, y los gastos de reparación por actos vandálicos que invariablemente acompañan este tipo de movilizaciones masivas. Las afectaciones más costosas, las que implican el futuro de la niñez y la juventud michoacanas son llanamente incalculables.
Esta situación configura lo que solo puede describirse como una derrota generalizada donde todos los actores involucrados salen perdiendo, pero especialmente aquellos sectores sociales que han depositado sus aspiraciones de movilidad social en el sistema educativo estatal: las niñas, niños y jóvenes de estratos sociales marginados que ven truncadas sus oportunidades de aprendizaje en momentos cruciales de su desarrollo académico y personal.
Las negociaciones actuales enfrentan limitaciones estructurales importantes, ya que la mayoría de las exigencias principales de la CNTE involucran cuestiones que solo pueden resolver coordinadamente los poderes ejecutivo y legislativo federales. La reforma abrogatoria de la Ley del ISSSTE de 2007 y la modificación sustancial del esquema de jubilaciones implementado desde 1997 requieren no solo voluntad política de la administración federal, sino también capacidad legislativa y consensos partidarios que trascienden ampliamente el ámbito de las mesas de diálogo sectoriales tradicionalmente utilizadas para resolver conflictos magisteriales.
La coyuntura política nacional agrega complejidad adicional al conflicto magisterial. Con una crisis de violencia que ha alcanzado niveles extremos, incluyendo la reciente ejecución de ocho militares en Michoacán mediante el uso de minas terrestres, tensiones crecientes en la política internacional, y la proximidad inmediata de las elecciones del primero de junio, el conflicto educativo representa simultáneamente una distracción política inoportuna y una oportunidad para diversos actores de presionar por sus agendas particulares.
Particularmente relevante resulta el hecho de que la aplicación de la prueba PISA 2025, prácticamente la única evaluación estandarizada de aprendizaje a nivel nacional se haya realizado precisamente durante el desarrollo del paro magisterial, con posibles afectaciones significativas a la muestra poblacional establecida para garantizar la representatividad estadística de los resultados. Las implicaciones de esta coincidencia temporal, cuyos efectos reales están aún por determinarse y transparentarse públicamente, podrían impactar la comparabilidad internacional de los datos mexicanos y la credibilidad de las políticas educativas basadas en evidencia.
El uso de gases lacrimógenos y hasta de resorteras por parte de las autoridades de seguridad michoacanas para defender las vías del tren evidencia el nivel crítico de tensión alcanzado en el conflicto. Esta escalada represiva revela síntomas preocupantes de ingobernabilidad que, de no atenderse adecuadamente, podrían derivar en focos de estado fallido donde las autoridades pierdan completamente la rectoría territorial y la capacidad de garantizar derechos fundamentales como la educación, la seguridad y la libre circulación.
El Comunicado de la SEP resulta claramente insuficiente para la magnitud histórica y estructural del problema que enfrenta el sistema educativo nacional. Su contenido no justifica los altos salarios de cientos de funcionarios de la estructura gubernamental de la dependencia, ni las acciones de bajo impacto que tradicionalmente se realizan en los mismos planteles de siempre en Michoacán y otros estados conflictivos, acciones que permanecen completamente desvinculadas de la problemática estructural que vive el magisterio y ajenas a cualquier contribución real hacia la solución del conflicto.
La situación actual demanda que las autoridades federales reconozcan explícitamente la legitimidad histórica de las demandas magisteriales, más allá de la coyuntura política inmediata, y establezcan mesas de negociación con capacidad real de toma de decisiones que incluyan representantes tanto del Ejecutivo como del Legislativo federal. Resulta indispensable desarrollar un cronograma específico y público para abordar las reformas estructurales demandadas, particularmente la revisión integral del sistema de jubilaciones y pensiones, así como implementar mecanismos efectivos de compensación por los días de clases perdidos, incluyendo programas intensivos de recuperación académica que garanticen que los estudiantes afectados no vean comprometido permanentemente su desarrollo educativo.
Igualmente, crucial resulta el diseño de una estrategia de comunicación gubernamental que abandone definitivamente las falacias discursivas identificadas y reconozca honestamente la complejidad multidimensional del conflicto, sus causas históricas y la responsabilidad compartida de todos los actores involucrados en su generación y perpetuación.
La educación pública mexicana no puede continuar siendo rehén de un conflicto que refleja décadas acumuladas de políticas educativas inconsistentes, manejo corporativista del sindicalismo magisterial y ausencia de visión estratégica de largo plazo por parte de las autoridades educativas federales y estatales. Los más de un millón doscientos mil estudiantes directamente afectados, las familias que caminan kilómetros bajo condiciones climáticas adversas para ejercer el derecho constitucional a la educación, y las comunidades escolares abandonadas temporalmente a merced de la delincuencia y el deterioro físico, merecen respuestas estructurales sólidas y sostenibles, no comunicados gubernamentales insuficientes que perpetúan la retórica sin abordar las causas reales del problema.
Es momento de cambiar definitivamente la situación. La gobernabilidad educativa nacional está en juego, y con ella, el futuro de millones de mexicanos que han depositado legítimamente sus esperanzas de movilidad social en un sistema educativo público que hoy se encuentra completamente paralizado por la incapacidad política persistente para resolver conflictos estructurales que pudieron y debieron atenderse hace décadas, cuando sus dimensiones eran menores y sus soluciones más viables. El costo social de la inacción continuará acumulándose exponencialmente cada día, pero más grave aún resulta el costo histórico de perpetuar un sistema que ha convertido la educación pública en campo de batalla permanente entre intereses políticos y corporativos, mientras las aulas permanecen vacías y los sueños de los sectores más vulnerables de la sociedad se desvanecen en la impunidad característica de un conflicto aparentemente sin solución estructural a la vista. ¡Merecemos un gobierno educador!
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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C
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