Financieras: Alfredo Anaya
• México ocupa el lugar 15 a nivel mundial en fraudes con criptomonedas, de acuerdo con el FBI, explicó el legislador
Morelia, Michoacán a 21 de mayo de 2025.- Ante el preocupante incremento de fraudes financieros que afectan a miles de familias en México y, en particular, en Michoacán, se hace urgente fortalecer el marco legal para proteger el patrimonio de la ciudadanía, afirmó el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alfredo Anaya Orozco.
Explicó que las prácticas fraudulentas, como el trading financiero no regulado, esquemas Ponzi y ofertas engañosas en criptomonedas, se disfrazan de actividades legales, lo que dificulta su persecución bajo figuras tradicionales de fraude.
“Es innegable la creciente presencia de este tipo de delitos que nos recuerdan la urgencia de recuperar la confianza ciudadana y por eso de propone la actualización del marco normativo, que no solo permitirá una persecución eficaz de estos delitos, sino que enviará un mensaje claro: en Michoacán, no habrá impunidad para quienes lucran con la esperanza y el esfuerzo de las familias”, dijo.
Y es que, según el Instituto Belisario Domínguez, en México se registran 15 mil fraudes diarios, incluyendo esquemas piramidales y estafas de inversión. El 45% de las empresas mexicanas reportaron intentos de fraude en 2024 (KPMG), destacándose conflictos de interés y robo de identidad y en 2024 se documentaron 113 mil 824 casos de fraude, muchos vinculados a esquemas como TruCapitals, Inverforx, FX Winin o las dos Cajas populares que defraudaron en la Ciénega de Chapala, la de San Nicolás de Bari y la Marcos Castellanos.
“Proteger el patrimonio de las michoacanas y michoacanos es un deber ético y legal. Hoy, más que nunca, necesitamos leyes a la altura de los desafíos que enfrentamos”, Alfredo Anaya Orozco.
El diputado señaló que México ocupa el lugar 15 a nivel mundial en fraudes con criptomonedas, de acuerdo con el FBI, por lo que resulta necesario modificar el Artículo 218 del Código Penal de Michoacán para tipificar como delito específico el fraude financiero, con sanciones proporcionales al daño causado.
