¡Sí se puede!, y se pudo

El 13 de agosto recibí la invitación del delegado de la Profepa en Michoacán para estar presente en una reunión con ejidatarios de San Rafael Tecario de Tacámbaro. La cuestión que se abordaría era la remediación en más de 27 hectáreas que habían sido plantadas ilegalmente con árboles de aguacate.
Hacía muchos años que no se hablaba en el estado de recuperar, como lo establece la ley, a su condición de bosque una superficie de esta magnitud. La fuerza incontenible de la expansión aguacatera y la poca eficacia de las instituciones ambientales no habían generado las oportunidades operativas para hacerlo no obstante que la ley contra el cambio de uso de suelo es contundente y que de por medio ha estado la violación al derecho humano a un medio ambiente sano.
Junto a los representantes ejidales los funcionarios de Profepa explicaron el caso. Luego de haber seguido el procedimiento pertinente tenían el dictamen para atender el delito ambiental y proceder a la remediación. Ante el presidente del Coeeco, la Asociación Ejido Verde y alguna prensa, también se dio a conocer que estaba en curso un proceso interno para atacar la corrupción, ese fenómeno que todo lo pudre, y se habló de servidores públicos puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República.
La última vez que fuimos testigos del derribo de una huerta aguacatera ilegal ocurrió en el mes de agosto del 2019 en las inmediaciones de Acuitzio del Canje y lo llevó a cabo la Procuraduría Ambiental de Estado de Michoacán (Proam); antes fuimos testigos de eventos semejantes en la zona de San Pedro Piedras Gordas en donde se derribaron aguacates recién plantados en apego a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán que en aquellos años autorizaba a hacerlo, bajo la condición de ser cambio de uso de suelo y deforestación.
Debo confesarlo, no creí que la Profepa pudiera recuperar el músculo que se necesita en Michoacán para contener el devastador cambio de uso de suelo que se está llevando el patrimonio natural de los michoacanos y que es la fuente que hace posible el derecho humano a un medio ambiente sano. El hecho manda un mensaje claro y poderoso a quienes cometen estos delitos ambientales.
Durante años el ataque a los destructores de bosques se hacía con un solo medio: colocar lonas en los predios intervenidos y dejarlos ahí mientras las huertas prosperaban y las lonas se caían a pedazos, sin ninguna remediación efectiva y visible. De esta manera se perdieron cientos de hectáreas de bosque y se ganó algo así como 20 metros cuadrados de lonas de advertencia y la pérdida de autoridad, porque tampoco eran muchas si se considera que Guardian Forestal ha identificado un potencial de 11 mil denuncias de predios con cambio de uso de suelo.
Finalmente, el 9 de septiembre los ejidatarios de San Rafael Tecario, acompañados de la Profepa, el Coeeco, algunos medios informativos, la Guardia Nacional y Ejército trataron de ingresar al predio ejidal para cumplir la resolución jurídica. Se los impidió un grupo de invasores ilegales, armados con machetes, que reclamaron sin papel alguno que las huertas eran de su propiedad. Lo cierto es que el ejido tiene su Carpeta Básica en donde está probada la propiedad ejidal de las 27.3 hectáreas.
Después del zafarrancho más de 60 ejidatarios con motosierras derribaron alrededor de 6 200 árboles de aguacate, dejando pendiente el abatimiento de 2 hoyas concentradoras de agua también ilegales. Las 27.3 hectáreas, conforme a la ley, serán replantadas con la especie pino michoacano para cumplir con el propósito marcado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de remediar el daño ambiental; y serán los ejidatarios quienes verifiquen el éxito de la remediación.
La experiencia del ejido de San Rafael Tecario es de un gran simbolismo social, legal y ambiental porque representa la voluntad de una comunidad campesina y la voluntad de una autoridad federal que logra vencer la funesta inercia de que el Estado y la sociedad, tratándose del cambio de Uso de suelo, están derrotados por los intereses fácticos. Quien ha sufrido derrota en este caso ha sido la impunidad.
La manera en que procedió la Profepa, combinada con una participación asertiva del liderazgo ejidal y comunitario, pudo demostrar lo que siempre hemos dicho, que el Estado y los pueblos pueden y deben estar por encima de la codicia que estimula la ilegalidad en materia ambiental, siempre y cuando no se claudique y se haga valer con energía el Estado de Derecho Ambiental.
Este modelo, aplicado por la delegación de la Profepa, que a decir del delegado estatal Guillermo Naranjo, está plenamente respaldado por la titular Mariana Boy Tamborrell, no debiera quedarse como un modelo aislado, ocasional, sino generar procesos de alta eficiencia en todas las instituciones ambientales que operan en el estado con el propósito prioritario e histórico (eso sí sería histórico) de reducir a cero el cambio de uso de suelo en Michoacán, ahora.
La intervención exitosa en el ejido de San Rafael Tecario es prueba de que sí se puede. La aplicación, como se nos dijo, de este modelo de remediación en diferentes predios con cambio de uso de suelo en distintos municipios, será de gran aliento para los esfuerzos de miles de michoacanos que están reclamando al gobierno una actuación apegada a derecho, más firme y decidida para garantizar la protección de los bosques.